En julio informamos de que Chile había presentado un proyecto de reforma con importantes implicaciones fiscales y regulatorias para las empresas. Tras su tramitación parlamentaria, el proyecto ya es ley: el 17 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley N.º 21.850, para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Se trata de una reforma amplia, cuyas medidas entran en vigor de forma escalonada entre noviembre de 2026 y 2029, y que afecta tanto a la tributación de las sociedades como a la de sus socios e inversores, incluidos los no residentes.
La medida central es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) aplicable a las medianas y grandes empresas. El tipo se mantiene en el 27% para las rentas de 2026 y se reduce al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y al 23% a partir de 2029, con excepciones para determinados regímenes especiales. En paralelo, se reducen los pagos provisionales mensuales (PPM) de enero a marzo: un 5,56% en 2027, un 5,88% en 2028 y un 4,17% en 2029, para adaptar los anticipos a los nuevos tipos.
La ley también avanza hacia un sistema tributario integrado. A partir del 1 de enero de 2027 se elimina de forma progresiva la obligación de restituir el 35% del crédito por IDPC que los socios aplican contra sus impuestos finales (Global Complementario o Impuesto Adicional), de modo que, al término del periodo transitorio, podrán imputar la totalidad del impuesto pagado por la sociedad. Esta reforma suprime además la distinción entre inversores residentes en países con y sin convenio para evitar la doble imposición. España mantiene un convenio de este tipo con Chile, por lo que los inversores españoles deberán revisar cómo les afecta el nuevo esquema en el reparto de dividendos desde sus filiales chilenas.
Para la inversión extranjera, destaca la creación de un régimen de invariabilidad tributaria. A partir del 1 de enero de 2027, los proyectos de inversión de 50 millones de dólares o más podrán asegurar la estabilidad de su régimen fiscal mediante un contrato con el Estado. Esta herramienta resulta especialmente relevante para proyectos industriales, energéticos, mineros o de infraestructuras con plazos largos de recuperación de la inversión. Asimismo, desde esa misma fecha, las ganancias obtenidas en la venta de acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil dejan de tributar con el impuesto único del 10% y vuelven a tener la consideración de ingreso no constitutivo de renta.
La reforma incorpora también nuevos créditos fiscales vinculados al empleo. Desde el 1 de noviembre de 2026, las empresas que exporten servicios basados en conocimiento podrán deducir del IDPC un crédito equivalente al 15% de la remuneración de los trabajadores residentes en Chile dedicados a esa actividad. El porcentaje aumenta en 5 puntos si la casa matriz o las sucursales se sitúan fuera de la Región Metropolitana o en sus comunas rurales, con un límite anual de 75 UTM por trabajador. El crédito no es reembolsable, pero el remanente puede aplicarse en ejercicios siguientes, reajustado por IPC. Por otra parte, a partir del 1 de enero de 2027, los empleadores que financien el tratamiento de enfermedades catastróficas de sus trabajadores y familiares directos podrán aplicar un crédito contra el IDPC de hasta 150 UTM por trabajador durante toda la relación laboral, siempre que el trabajador tenga al menos dos años de antigüedad y los pagos se realicen directamente a prestadores acreditados. En cambio, el tope de la franquicia tributaria por capacitación (SENCE) se reduce del 1% al 0,7% de la masa salarial.
Hay otras medidas de carácter temporal que conviene tener en cuenta:
- Un impuesto sustitutivo opcional del 10% sobre las utilidades acumuladas en los registros FUR y STUT, aplicable hasta el 17 de junio de 2027.
- Un régimen de declaración voluntaria y repatriación de capitales durante 2027, con un impuesto único del 10%, o del 7% si los fondos se mantienen invertidos en Chile al menos cinco años.
- La exención de IVA en la primera venta de viviendas nuevas terminadas, desde el 1 de diciembre de 2026 y durante un año.
- Un impuesto único del 5% opcional sobre las rentas del arrendamiento de viviendas económicas de hasta 90 m², a partir de la tercera vivienda en el caso de personas naturales.
- Convenios de pago con la Tesorería, durante 180 días, para deudas vencidas hasta finales de 2025, con condonación de hasta el 100% de los intereses y el 80% de las multas y hasta 48 cuotas.
Para las empresas españolas con filiales, sucursales o proyectos en Chile, la reforma abre un periodo de planificación. Es recomendable recalcular la carga fiscal efectiva con los nuevos tipos y el nuevo sistema de créditos, revisar la política de dividendos y el calendario de repartos a la matriz española, analizar si las actividades de servicios de la filial pueden acogerse al crédito por exportación de servicios y, en el caso de proyectos de gran tamaño, valorar la conveniencia de solicitar la invariabilidad tributaria a partir de 2027. También conviene revisar la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre España y Chile a la luz del nuevo esquema de integración. Dado que varias medidas tienen ventanas de aplicación limitadas, como el impuesto sustitutivo sobre utilidades acumuladas, que finaliza en junio de 2027, o el régimen de repatriación de capitales, limitado al año 2027, es aconsejable abordar este análisis en los próximos meses, antes del cierre del ejercicio 2026, para poder tomar decisiones con margen suficiente y coordinar la planificación fiscal de la filial chilena con la de la matriz en España.
Desde Feliu podemos analizar su caso y asesorarle sobre el impacto de esta reforma en su filial o en sus proyectos de inversión en Chile.
