El Congreso de la Unión ha aprobado la reforma de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) que introduce, por primera vez en México, un sistema de autorización previa de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional. El Senado aprobó el texto el 30 de septiembre de 2026 y la Cámara de Diputados lo ratificó sin modificaciones el 27 de octubre de 2026. La norma se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), condición necesaria para su entrada en vigor. Con esta reforma, México se convierte en uno de los primeros países de América Latina con un mecanismo de control de la inversión extranjera basado en la seguridad nacional.
Hasta ahora, la LIE ya exigía una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para determinadas operaciones, principalmente cuando la participación extranjera superaba el 49% en sociedades cuyo valor de activos excedía el umbral fijado anualmente. La reforma mantiene ese esquema general, pero añade un nuevo título dedicado específicamente a la revisión por seguridad nacional, con criterios, plazos y consecuencias propios.
Según el texto aprobado, será necesaria la autorización previa de la CNIE cuando concurran tres requisitos acumulativos: que el inversor extranjero adquiera, de forma directa o indirecta, más del 49% del capital social de una sociedad mexicana; que los activos totales de dicha sociedad superen el umbral que determine la CNIE; y que la sociedad desarrolle alguna de las actividades sensibles previstas en el nuevo artículo 30 Bis.
Estas actividades se agrupan en cuatro grandes bloques. En primer lugar, las infraestructuras estratégicas, físicas o virtuales, que incluyen energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, datos, defensa y sector aeroespacial. En segundo lugar, las tecnologías críticas y los productos de doble uso, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la ciberseguridad, la computación cuántica o la tecnología nuclear. En tercer lugar, el suministro de insumos esenciales, como energía, materias primas y seguridad alimentaria. Y, por último, el acceso o control de información sensible, en particular datos personales. Se trata de una lista abierta: la CNIE podrá incorporar otras actividades mediante resolución general.
Un aspecto clave es que el umbral de activos todavía no está fijado. La CNIE dispondrá de 180 días naturales desde la entrada en vigor de la reforma para publicar la resolución general que lo establezca. Hasta ese momento, el alcance exacto de la obligación de notificar seguirá sin concretarse. En las operaciones que superen el 49% de participación pero no alcancen el umbral de activos, la notificación será voluntaria, si bien el texto no prevé un puerto seguro para las operaciones que no se notifiquen.
En cuanto al procedimiento, la solicitud deberá presentarse de forma conjunta por la sociedad mexicana y por el inversor extranjero. La CNIE dispondrá de un plazo de 45 días hábiles para resolver, frente a los 60 días que preveía la iniciativa original. La Comisión podrá formular un único requerimiento de información, dentro del primer tercio del plazo, que lo suspenderá hasta que se atienda. Al resolver, la CNIE podrá autorizar la operación si no aprecia riesgos, autorizarla con medidas de mitigación que modifiquen el proyecto, o denegarla. En los expedientes de seguridad nacional, el silencio administrativo no equivaldrá en ningún caso a una autorización. La reforma también modifica la composición de la CNIE, que incorpora con voz y voto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El régimen sancionador se endurece de forma notable. Se prevén multas de 1.000 a 5.000 UMA para las inversiones realizadas sin la autorización exigida en los supuestos generales, y multas de 5.000 a 200.000 UMA para las transmisiones de acciones sin autorización o el incumplimiento de las medidas de mitigación impuestas, lo que en el tramo máximo supera los 23 millones de pesos mexicanos. Además, la CNIE podrá ordenar la desinversión de los activos adquiridos, que el inversor deberá ejecutar en un plazo de 90 días hábiles, prorrogable una sola vez por el mismo periodo. El texto no aclara si la desinversión debe afectar a la totalidad de la participación o solo a la parte necesaria para eliminar el riesgo, por lo que habrá que estar al desarrollo reglamentario.
Respecto al régimen transitorio, los procedimientos que estén en curso en el momento de la entrada en vigor seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes en la fecha de su presentación. Sin embargo, no se prevé una excepción general para las operaciones ya firmadas que todavía no se hayan presentado ante la CNIE, por lo que estas podrían quedar sujetas al nuevo régimen.
Para las empresas españolas con presencia o proyectos en México, la reforma tiene consecuencias prácticas inmediatas. Conviene revisar las operaciones en negociación, verificando si la sociedad objetivo opera en alguno de los sectores sensibles; incluir en los contratos de compraventa o de inversión una condición suspensiva vinculada a la obtención de la autorización de la CNIE y ajustar el calendario de cierre a los nuevos plazos; y tener presente que la participación indirecta, a través de sociedades del grupo, también computa a efectos del umbral del 49%, lo que puede afectar a reestructuraciones societarias internas. También será recomendable seguir de cerca la publicación en el DOF y la posterior resolución de la CNIE sobre el umbral de activos, que determinarán qué operaciones quedan efectivamente sujetas a autorización.
Desde Feliu podemos analizar su caso y asesorarle sobre el impacto de esta reforma en sus inversiones y en su estructura societaria en México.
