Como otra muestra de los esfuerzos internacionales para acabar con los evasores de impuestos, más de 100 países firmaron el pasado 7 de junio, o se han comprometido a suscribir el Convenio Multilateral de la OCDE sobre “Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”. La finalidad de dicho convenio es el de agilizar y armonizar la lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales que aprovechan su presencia en varios países para evadir impuestos.
El nuevo instrumento evitará que las empresas sufran doble imposición pero también que los Estados vean cómo se escapan beneficios sin gravar por la doble no imposición y que finalmente no tributen en ningún país.
El Convenio está dirigido a neutralizar los efectos de asimetría hibridas, tales como el uso de sociedades transparentes, sociedades residentes fiscales en varios países o la aplicación de la clausula de inversión a la exención de rentas de fuente extranjera. También se intentará evitar la existencia de establecimientos permanentes bajo la aparente ejecución de actividades auxiliares o el empleo de estructuras de comisionistas o agentes fraudulentamente.
La Convención, establece un marco multilateral integral para esta cooperación y complementa otras iniciativas, como el modelo de intercambio automático multilateral estandarizada desarrollada por la OCDE y el intercambio automático.
La ceremonia de la firma, celebrada en París pone punto y final a un proceso de negociaciones que se iniciaron en septiembre de 2015. El proyecto BEPS (por sus siglas en inglés), de lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios que comprende un paquete de medidas para abordar el fenómeno de planificación fiscal agresiva internacional.
Para su implementación, algunas de estas medidas requieren una modificación de las normativas internas de cada Estado, como limitación de gastos financieros o el informe país por país, mientras que otras requieren la adopción de cláusulas anti-abusos o la modificación de la definición de establecimiento permanente.
