El Consejo de Ministros de Andorra ha aprobado una medida inmediata: la suspensión de autorizaciones de inversión extranjera en inmuebles. Esta decisión cuenta con el respaldo de 23 de los 28 parlamentarios del consejo general.
Esta medida surge en respuesta al creciente interés de inversores extranjeros en propiedades inmobiliarias, y su objetivo principal es abordar la problemática de la escasez de viviendas asequibles en el Principado.
El gobierno tiene previsto implementar un impuesto sobre la inversión extranjera en inmuebles, cuyos ingresos se destinarán a proyectos que beneficien a los ciudadanos, como infraestructuras, iniciativas de diversificación económica y la expansión del parque público de viviendas en alquiler. Además, se está trabajando en la introducción de un impuesto para aquellos inversores extranjeros que deshagan sus inversiones en Andorra antes de un plazo determinado.
Mientras se espera la entrada en vigor de este impuesto y se trabaja en la actualización de la ley de inversión extranjera, que se presentará en el primer trimestre de 2024, se ha iniciado el proceso de suspensión de la inversión extranjera conforme al artículo 60.1 de la Constitución. Esto se hace con carácter de urgencia y necesidad extrema para desalentar transacciones especulativas por parte de potenciales inversores en este período de incertidumbre normativa.
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