Uno de los principales efectos del estado autonómico en la economía española es la proliferación de leyes que afectan a diversos sectores, entre ellos, las inversiones empresariales.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia única de la Ley de Unidad de Mercado. Esta ley estableció la licencia única para la comercialización de bienes y servicios en el territorio español con el objetivo de solucionar la fragmentación del mercado interior español. Con la licencia única, desde el momento en que una compañía estuviera legalmente instalada en una región podría ejercer su actividad económica en todo el territorio mediante establecimiento físico o sin él siempre que cumpla con los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen.
El Tribunal Constitucional considera que esta medida altera sustancialmente el reparto competencial de funciones y que, antes de establecer la licencia única, es necesario que el Estado apruebe unos estándares mínimos comunes a través de los títulos competenciales que le proporcionan los artículos 149.1 y 13 de la Constitución.
La CEOE denuncia que las distorsiones de la unidad de mercado dificultan de manera injustificada la actividad económica hasta tal punto de condicionar seriamente su normal ejercicio.
Patronales, pymes y multinacionales de varios sectores alertan que la sentencia que ha tumbado la licencia única supone un retroceso y freno a la inversión empresarial que supone un coste de 45.000 millones de euros a España. Asimismo, consideran necesario seguir desarrollando políticas que favorezcan la unidad de mercado y el desarrollo de la competitividad a través de la implementación de una normativa común o equivalente que facilite la actividad sin duplicidades. Del mismo modo, debe limitarse el desarrollo de normas básicas diferentes sobre un mismo hecho bajo el establecimiento del principio general de reconocimiento mutuo o coordinación de normativas entre las comunidades autónomas.
