La entrada en vigor de la Ley de Protección al Denunciante el 13 de marzo de 2023 marcó un cambio significativo en España, imponiendo a las empresas la obligación de establecer un canal de denuncias interno para su personal.
¿Qué implica esta ley?
La Ley 2/2023, más conocida como Ley de Protección al Denunciante, exige que instituciones públicas, empresas, organizaciones políticas y sindicatos instauren sistemas que permitan a las personas informar de manera segura y confidencial sobre posibles irregularidades o prácticas ilegales.
El objetivo fundamental es fomentar la colaboración entre entidades, tanto públicas como privadas, para investigar infracciones graves, al tiempo que salvaguarda a quienes reportan estas acciones.
¿Qué es y por qué es importante un canal de denuncias?
Un canal de denuncias es una herramienta vital que asegura la seguridad de aquellos que desean informar sobre posibles infracciones laborales. Facilita la comunicación confidencial de actividades que podrían infringir el Código de Conducta de la empresa.
La implementación temprana de este canal contribuye a crear un entorno laboral seguro y respalda el compromiso de la empresa con la transparencia y la ética en su funcionamiento.
Plazos para Empresas: ¡1 de diciembre de 2023!
Las empresas con 50 o más empleados deben implementar un canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023, según lo dispuesto en la Ley 2/2023. Esta ley, vigente desde marzo, abarca a empresas, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales que manejan fondos públicos.
Diferentes Plazos según el Tamaño de la Empresa
- Empresas con 250 o más trabajadores: debieron establecer el sistema antes del 13 de junio.
- Empresas de 50 a 249 empleados: plazo límite el 1 de diciembre.
- Adaptación de sistemas ya existentes: hasta el 13 de septiembre.
Procedimientos y Requisitos para Cumplir con la Normativa
Las empresas deben crear un canal de denuncias que garantice la confidencialidad de los denunciantes y los denunciados. Se han delineado procedimientos claros para la recepción y tratamiento de las denuncias, con plazos definidos para su investigación y protección de datos personales.
Multas por no cumplimiento
El incumplimiento de esta obligación se considera una infracción muy grave, con multas desde los 30.001 hasta 300.000 euros para personas físicas, y de 600.001 hasta 1.000.000 de euros para empresas. Las sanciones podrían incluir amonestaciones públicas, prohibiciones de beneficios fiscales o contratación con el sector público.
Quedan pocos días para que su implementación sea obligatoria, si aún no has tenido tiempo para ocuparte de ello en Feliu N&I te ayudamos. ¡Contáctanos!
