El pasado 20 de marzo de 2026, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2026, conocido como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma combina medidas de alivio inmediato sobre costes energéticos con actuaciones de mayor alcance orientadas a reforzar la resiliencia estructural de la economía española frente a episodios de inestabilidad internacional.
Para las empresas españolas con actividad internacional, esta norma no es solo una cuestión de energía. Es un paquete de medidas con impacto directo en la estructura de costes, la planificación fiscal y el acceso a instrumentos de apoyo público, precisamente en un momento en que la incertidumbre geopolítica ya está afectando a cadenas de suministro, márgenes operativos y decisiones de inversión en mercados exteriores.
Identificar qué medidas son aplicables a cada empresa, y cómo activarlas correctamente, no es un ejercicio automático. Depende del sector, del modelo operativo y de la composición del negocio. Y hacerlo bien puede suponer una diferencia relevante en la cuenta de resultados de 2026.
Las medidas con mayor impacto para la empresa internacionalizada
El Real Decreto-ley 7/2026 incluye un conjunto amplio de actuaciones. Las que mayor relevancia práctica tienen para empresas con actividad exterior o con estructuras operativas complejas son las siguientes:
Reducción del IVA energético al 10%, aplicable a determinados suministros energéticos y combustibles hasta el 30 de junio de 2026. Esta medida, combinada con la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad en 0,5 puntos porcentuales durante el mismo periodo, tiene un efecto directo sobre los costes de producción, almacenamiento y logística de empresas con consumo eléctrico intensivo, un perfil habitual en industria, manufactura y operadores con instalaciones propias.
Ayudas directas para sectores específicos, entre los que se incluyen transporte, agricultura y ganadería, así como otros sectores que acrediten un impacto real derivado del incremento de costes energéticos. El acceso a estas ayudas no es automático: requiere acreditar el impacto, cumplir los requisitos establecidos y tramitar correctamente la solicitud. Las empresas que no inicien este proceso con antelación suficiente pueden quedar fuera de los plazos.
Apoyo financiero para operadores de transporte de mercancías por carretera, orientado a facilitar liquidez y financiación operativa en un sector que ya venía acusando el impacto del encarecimiento del combustible y las disrupciones en rutas internacionales.
Incentivos vinculados a eficiencia energética, rehabilitación y autoconsumo renovable. Este bloque tiene un horizonte más estructural: está diseñado para acelerar la electrificación y reducir la dependencia energética de las empresas a medio plazo. Para empresas con planes de inversión en instalaciones o infraestructura, revisar si alguno de estos incentivos es compatible con sus proyectos previstos puede abrir vías de financiación que de otro modo no se activarían.
Por qué esta norma importa especialmente ahora a las empresas con actividad internacional
Las empresas españolas que operan en mercados exteriores están absorbiendo simultáneamente varios impactos: el encarecimiento de la energía, la volatilidad en los tipos de cambio de determinadas divisas vinculadas a la región, las disrupciones en cadenas de suministro que pasan por el Mediterráneo oriental y el Golfo, y la incertidumbre sobre la evolución de contratos en curso en países de la zona MENA.
En ese contexto, las medidas del RD-ley 7/2026 ofrecen un margen de alivio en la base de costes doméstica que puede contribuir a sostener la rentabilidad global de la operación. Pero ese margen solo se materializa si la empresa identifica correctamente qué instrumentos le corresponden, cumple los requisitos de acceso y gestiona la tramitación dentro de los plazos establecidos.
La norma tiene vigencia parcial hasta el 30 de junio de 2026 en sus medidas de reducción fiscal. Lo que no se tramite antes de esa fecha, no se recupera.
Un contexto normativo que seguirá evolucionando
El RD-ley 7/2026 es una respuesta de urgencia a una situación que no se ha estabilizado. La crisis en Oriente Medio sigue abierta, y el Gobierno ha señalado que el marco de apoyo puede ampliarse o modificarse en función de la evolución de la situación. Las empresas que están siguiendo de cerca el impacto geopolítico en sus operaciones internacionales deben también monitorizar las modificaciones normativas que puedan derivarse de este decreto en los próximos meses.
Operar en mercados internacionales en un entorno de este tipo requiere tener asesoramiento que cubra simultáneamente el plano normativo español, el impacto operativo en destino y la optimización de los instrumentos de apoyo disponibles. No son tres conversaciones separadas: son una sola.
¿Sabe si su empresa puede beneficiarse de alguna de estas medidas?
En Feliu N&I ayudamos a las empresas españolas con actividad internacional a identificar qué novedades normativas les son aplicables y a evaluar su impacto fiscal y operativo de forma concreta. Si su empresa tiene consumo energético intensivo, opera en logística o transporte, o está valorando inversiones en eficiencia o electrificación, merece la pena revisar su posición frente al RD-ley 7/2026 antes de que venzan los plazos.
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