La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) ha generado varios desafíos para los ciudadanos británicos, y uno en particular destaca: la adquisición de propiedades en España.
Existen áreas en el país donde comprar bienes inmuebles requiere un permiso otorgado por el Ministerio de Defensa, lo que añade complejidad al proceso.
Este requisito se relaciona con las llamadas «zonas de protección militar», donde los ciudadanos británicos que deseen comprar una propiedad deben pasar por una serie de trámites que alargan significativamente el proceso de adquisición.
La raíz de esta normativa se encuentra en una ley de 1975, aún en tiempos de Franco como jefe de Estado, que estableció que las compras inmobiliarias de extranjeros en territorios cercanos a bases militares o áreas estratégicas para la seguridad nacional debían contar con el permiso del Ministerio de Defensa. No obstante, en 1990, se eximió a los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo de la necesidad de obtener este permiso. Sin embargo, con la entrada en vigor del Brexit, los ciudadanos británicos ahora se consideran extranjeros a estos efectos.
Las áreas afectadas incluyen las Islas Baleares, Canarias y las regiones costeras cercanas a Francia, Andorra y Portugal. La controversia generada por esta regulación ha llevado al Ministerio de Defensa a aclarar que la restricción se aplica principalmente a terrenos rústicos y no a las zonas urbanas.
Por lo tanto, no sería necesario obtener autorización para comprar un apartamento en estas ciudades o pueblos, pero sí para adquirir terrenos rústicos en estas localidades. Esto ha afectado significativamente a los promotores inmobiliarios británicos que compraban terrenos con la intención de desarrollar proyectos en el futuro. Esta situación demuestra la importancia de comprender los cambios legales que afectan a los compradores de propiedades extranjeras en España.
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