El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un Decreto Ley para contener los precios del alquiler en los barrios o ciudades con falta acreditada de vivienda.
Para poder aplicar esta norma, las entidades competentes (Ayuntamientos o el departamento del Gobierno de la Generalitat competente de vivienda) deben declarar que la ciudad, municipio o algunos barrios son áreas con escasa oferta de vivienda asequible.
En estas zonas donde se aplique la limitación de rentas, el coste del alquiler deberá cumplir unos requisitos:
En general, no podrá superar un 10% el del Índice de referencia de Precios de Alquiler (los que se deberán consultar, teniendo presente parámetros como el municipio, superficie, planta, año de construcción, estado de conservación, si cuenta con ascensor, parking o muebles, certificado de eficiencia energética …).
Los aspectos excluidos del sistema de índice que dan más valor a la vivienda, como si cuentan con piscina, jardín…, prevé que este índice se pueda incrementar adicionalmente en un 5%, pero se deberá justificar el mismo contrato.
Las viviendas de nueva construcción o rehabilitados completamente se podrán alquilar por un importe un 20% superior a este índice, durante los cinco años posteriores a la finalización de las obras.
Los pisos que ya se encontraban arrendados mantienen las condiciones anteriores a la entrada en vigor de este Decreto, aunque cambie el inquilino. Tampoco se aplicará esta limitación a los pisos de más de 150 m².
Esta norma es plenamente vigente a partir de la fecha de su aprobación (21 de mayo de 2019), pero todavía se debe votar por el Parlamento en un plazo máximo de 30 días.
Por otra parte, el Consejo Ejecutivo también ha comenzado a tramitar la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de arrendamiento de fincas urbanas, impulsado por el Departamento de Justicia, que aparte de la limitación de los precios aprobados por el decreto ley, prevé ampliar la regulación del resto de aspectos relacionados con el alquiler de viviendas (como ampliar la duración mínima de estos contratos, que será de seis o diez años, impedir que deban avanzar más de tres mensualidades para alquilar un piso, obligar a documentar con fotografías o vídeos el estado de los pisos, etc.).
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